La norma apuesta por la vivienda protegida y la rehabilitación, reducir la burocracia y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado esta semana la Ley de Vivienda en Andalucía, que entrará en vigor el próximo 24 de enero. La Ley de Vivienda de Andalucía apuesta firmemente por la vivienda y por facilitar su acceso a los que más lo necesitan, con un aumento de la oferta de viviendas protegidas y a precio asequible.
La nueva norma se articula sobre cuatro pilares: incrementar la oferta de VPO y la rehabilitación, facilitar la disponibilidad de suelo, reducir la burocracia asociada a los proyectos residenciales y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios para hacer frente a fenómenos como la ocupación.
La Ley de Vivienda de Andalucía refuerza las políticas iniciadas por el Gobierno andaluz desde 2019 y permitirá crear las mejores condiciones para darle un impulso a la oferta de vivienda protegida en venta y en alquiler.
La ley crea la figura de las áreas prioritarias, zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.
Asimismo, apuesta por la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades (concesiones, subvenciones), para sumar esfuerzos en el objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible. En ese sentido, se creará una comisión andaluza de colaboración público-privada para encontrar nuevas fórmulas que se sumen a iniciativas ya puestas en marcha como el sistema de permuta de suelo por vivienda o el desarrollo y urbanización de suelos.
También buscará el equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente. Asimismo, la ley optimizará la gestión del parque residencial, mediante la creación de un inventario único de viviendas públicas ya sean de la Junta de Andalucía o de los ayuntamientos.
La Ley pone el acento en la rehabilitación de viviendas, con iniciativas que van a permitir la reconstrucción de barriadas y medidas para la eliminación de la infravivienda bajo criterios y principios de sostenibilidad social, medioambiental y económica.
Igualmente, mejora la calidad y la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles, con la constitución de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, que incentive, por ejemplo, la industrialización en la construcción de viviendas.
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