El proyecto de ley permite que, a partir de los 16 años, las adolescentes puedan decidir abortar sin necesidad de contar con el consentimiento de sus padres o tutores. El Gobierno no ha esperado al informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el proyecto. El Ejecutivo también ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa.
El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes, solicitando su tramitación urgente, el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Salud sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La reforma busca revisar y adaptar la norma vigente para asegurar la efectividad del derecho de las mujeres a decidir de manera libre y responsable sobre su maternidad y a acceder a la información y a la educación que les permita hacerlo.
La nueva ley blinda el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los centros públicos y regula el acceso a la objeción de conciencia, sin que eso impida el derecho efectivo de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Las mujeres de 16 a 18 años no necesitarán el consentimiento de sus tutores legales para acceder a la interrupción.
Además, el proyecto refuerza la educación sexual en todos los niveles educativos e incluye el derecho a la incapacidad temporal por cuadros médicos que se deriven de reglas incapacitantes.
Derecho de Defensa
Por otra parte, el Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, que consagra el conjunto de facultades y garantías que se reconocen jurídicamente a todas las personas para proteger sus derechos, libertades e intereses legítimos ante los tribunales y las administraciones. Se trata de una norma pionera en Europa que recoge, por un lado, las implicaciones que el derecho de defensa tiene para toda la ciudadanía y, por otro, el régimen de garantías y deberes de los profesionales de la abogacía y demás garantías institucionales.
El Ejecutivo ha aprobado también la Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales, que refuerza la autonomía estratégica y la seguridad de abastecimiento de suministros clave para la transición energética y el desarrollo digital.
Además, el Consejo de Ministros ha acordado el reparto territorial de más de 55 millones de euros a municipios para afrontar el reto demográfico. En concreto, se destinan 40 millones a iniciativas ligadas a la bioeconomía y 15,7 millones a acciones de dinamización territorial.
