El ministro Garzón se reúne con los pequeños ganaderos y se reafirma en sus críticas a la ganadería intensiva española

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, no se retracta de sus críticas a la carne española que produce la ganadería intensiva y afirma que estudiará las propuestas de UPA relacionadas con el etiquetado de los productos cárnicos.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha reunido con representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y estudiará sus propuestas sobre el etiquetado de la carne al considerar que los consumidores “tienen derecho a saber con la mayor precisión posible de dónde proceden los productos que están consumiendo”.

El ministro se ha reafirmado en sus polémicas declaraciones en "The Guardian" cuestionando la calidad de la carne española que producen las explotaciones de ganadería intensiva.

En la reunión, que Garzón ha calificado como “fructífera y productiva”, el ministro ha compartido reflexiones sobre los problemas existentes hoy día en el mundo rural y, en particular, en el sector ganadero.

En este contexto, el ministro ha defendido la ganadería extensiva, familiar y social, “que genera puestos trabajos y produce arraigo en la población”, frente al modelo de las macrogranjas, es decir, “explotaciones que es necesario frenar y limitar para proteger el planeta, el mundo rural y la ganadería”.

Garzón también ha reivindicado “todas las reformas que ha hecho el Gobierno de España para proteger a este sector”. Por ejemplo, el real decreto de flexibilización del paquete higiénico-sanitario y que facilita la comercialización a los pequeños productores.

“La ganadería social y familiar representa a gran parte del sector y tiene que ser defendida frente a amenazas como las macrogranjas. Siempre hemos señalado, en línea con los mandatos de la Comisión Europea y en línea con la evidencia científica, el enorme coste social, ecológico y económico que produce este modelo de producción”, ha recalcado el ministro.

Ante ello, ha considerado “muy importante” que la ciudadanía y los consumidores tengan las herramientas necesarias para saber “diferenciar qué productos proceden de las macrogranjas” y cuáles no.