La ministra de Justicia defiende el uso de la inteligencia artificial pero siempre sometida a control humano

La ministra de Justicia ha asistido a la reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior, celebrada por primera vez bajo la presidencia de Eslovenia. En el JAI se han abordado temas relacionados con la inteligencia artificial, la herencia digital y la Justicia adaptada a los niños.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha participado, en la reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior (JAI) celebrado por primera vez bajo la presidencia de Eslovenia. En el encuentro, se han abordado temas relacionados con la inteligencia artificial, la herencia digital y la Justicia adaptada a los niños.

Llop ha destacado que “el empleo de la inteligencia artificial en el ejercicio de potestades del poder público debe estar sujeto a una intervención humana significativa y a un proceso debido”.

En este sentido, la ministra ha añadido que la propuesta de Reglamento de Inteligencia Artificial puede ser “fundamental para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y valores de la Unión Europea en el uso de estos sistemas de inteligencia artificial y, en particular, en los procedimientos judiciales y en el ámbito de la Justicia”. Y ha añadido que “debe desarrollarse en un marco referencial de principios éticos y derechos fundamentales".

En cuanto a la herencia digital, otro de los temas tratados en la reunión, la ministra ha indicado que tanto la cooperación como la prudencia entre los diferentes países son fundamentales para abordar los problemas prácticos. “La acción en solitario de la Unión Europea se revela insuficiente; por ello, para abordar la encrucijada, se requiere de una acción en un foro internacional, como podría ser Naciones Unidas”, ha añadido Llop.

Finalmente, la ministra ha indicado, en relación a la Justicia amigable para los niños, que “debemos continuar aunando esfuerzos para proteger mejor a nuestros menores, especialmente en su relación con la Justicia”. La ministra ha resaltado la importancia de contar con datos fiables y comparables sobre menores implicados en procedimientos judiciales de manera que sea más fácil identificar los posibles problemas.