De hecho, los grandes beneficiados por el pronunciamiento absolutorio ni tan siquiera habían sido acusados, ni estaban representados en la sala: son las mafias que se dedican a la trata de inmigrantes y refugiados.

La sentencia ha sentado un peligroso precedente que puede otorgar carta blanca a cualquiera que esgrima la buena fe y la solidaridad como coartada para colaborar, consciente o inconscientemente, en este gran negocio que es la trata de seres humanos.

En la actualidad los traficantes de personas, al igual que están haciendo aquí en la zona del Estrecho, solo tienen que abandonar la patera cargada de gente en altamar y entregar a alguno de los inmigrantes el número de teléfono de un miembro de una ONG para que transmita su posición. Del rescate ya nos encargamos nosotros con cargo al bolsillo de todos los españoles.

El delito es un auténtico chollazo, como ya descubrió un fiscal de Catania, los traficantes abandonan a los inmigrantes en el límite de las 12 millas náuticas de las aguas territoriales italianas para que sean los de las ONGs los que los rescaten. Y todos felices. Los traficantes se hacen más ricos haciendo solo la mitad del trabajo, los inmigrantes llegan a salvo a Europa, los solidarios logran sus 15 minutos de gloria en el telediario y ganan puntos para cuanto toque el reparto de subvenciones públicas el próximo año.

Lo que pase después con toda esa gente, si la UE tiene capacidad para absorber a esa población extra, recursos para proporcionarles una vida -prefiero no aventurarme con lo de “digna”-, o si tenemos dinero para pagar todo eso, parece no importar a nadie cuando, en realidad, es lo que más nos incumbe a todos a pesar de que no aparezca en la tele.

Los problemas de integración, la guetización urbana por nacionalidades dentro de las ciudades europeas, la marginación social y, últimamente, hasta casos de radicalización, tienen mucho que ver con esa bondad irresponsable e irreflexiva que permite a cualquiera que tenga una barca irse de veraneo a salvar inmigrantes del mar sin plantearse si no los estamos condenando en tierra.

De hecho, siempre se habla de cuántas vidas no se han salvado en el Mediterráneo gracias a estas ONGs, aunque lo que no sabemos es cuántas se han perdido porque esa solidaridad irreflexiva ha animado a las mafias a ampliar el negocio.

Jurídicamente tiene difícil apaño lo de procesar la buena voluntad, sobre todo oponiendo el derecho a la vida de los inmigrantes como bien jurídico que se pretende proteger.

Como solución siempre he creído que, al igual que no se permite a los ciudadanos irse a invadir un país vecino, porque para eso tenemos a las Fuerzas Armadas, el ejercicio de la solidaridad, debería ser competencia pública. Bien encuadrando a todas las ONGs en un único cuerpo, o bien utilizando a la Unidad Militar de Emergencias (UME), incluso se puede crear una “mili” para todos aquellos que quieran salvar el mundo.

Lo que sí parece claro es que es un asunto demasiado serio para quedar al arbitrio de un buenismo irreflexivo que puede estar provocando más víctimas de las que salva.