Personalmente creo que, en esta ocasión, José María aznar se quedó corto porque por muchas estupideces que digan la ministra Belarra y la vicepresidenta Yolanda Díaz, que cada vez se asemeja más a Obélix, aunque en vez de haberse caído de niña en una marmita de poción mágica parece que lo hizo en una de porros, lo cierto es que la amnistía que planea Pedro Sánchez para ocupar el poder es inconstitucional. Hasta los históricos de su partido como González y Guerra están intentando hacerle entrar en razón al respecto.

Aznar reivindicó el derecho de todos los ciudadanos españoles a manifestarnos, utilizando los medios democráticos y constitucionales establecidos -como puntualizó-, contra la intención de Pedro Sánchez de gobernar violando la constitución.

Aznar se equivocaba.

Los ciudadanos no solo tenemos ese derecho, tenemos la obligación de sublevarnos contra cualquier gobierno que pretenda hacerse con el poder violando nuestras leyes, sobre todo la fundamental.

No tenemos solo el derecho a impedir que Pedro Sánchez apruebe una inconstitucional amnistía en beneficio de los secesionistas catalanes como paso previo a una autodeterminación que le van a exigir, tenemos la obligación legal de proteger nuestra norma fundamental, que es la que estructura nuestra forma de vida y nuestra nación.

Y si hay algo fundamental de lo que se olvidan las ministras y vicepresidentas caídas en la marmita de porros es de que los primeros que tienen la obligación legal de proteger la Constitución y la integridad territorial son las Fuerzas Armadas (art. 8.1 Const. Española: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sin olvidar por supuesto que es el rey, como jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas, el primer obligado en impedir que el Gobierno incumpla el deber de legalidad y, por supuesto, de constitucionalidad. Y los ciudadanos tenemos la obligación de ayudarle.

La única rebelión que estamos viviendo es la de unos políticos que pretenden gobernar rebelándose contra lo que votaron la mayoría de los españoles cuando aprobaron la Constitución.