No sé cuántas veces será necesario gritar en el desierto para que alguien escuche: nuestro problema, casi el único que tenemos, es la corrupción.

La corrupción se está cargando la poca democracia que había en España, y a pesar de que nos pasemos el día pontificando sobre lo magníficos que somos y lo bien que lo hacemos todo, nuestro sistema político, social y económico son basura. Y los acontecimientos apuntan a un constate, creciente e incontestable aumento del nivel de basurización.

Todos somos conscientes, ya basta para ello echarle un vistazo a las noticias diarias, de que el sistema de partidos políticos en España es estructuralmente corrupto. Tan corrupto que los españoles lo tenemos asumido como natural -en eso nos parecemos en algo a los italianos pero sin la capacidad industrial que ellos sí tienen-, y ya ni tan siquiera nos indignamos, ni pedimos explicaciones a nuestros representantes cuando les pillan en otro caso de corrupción. Admitimos como una realidad inexorable que nuestros políticos son una piara de sinvergüenzas y punto.

Sin embargo, la madre de la España corrupta no está en la política, como tantas veces he defendido, está en la economía. No hay corrupto mientras no exista un corruptor que ponga la pasta, y en este país lo hemos hecho tan mal, hemos permitido tal concentración de capitales y de poder económico, que el sistema de financiación de los partidos políticos se han convertido en el mejor transmisor de la corrupción a todos los demás escalones sociales.

Es por ello que, ni este gobierno que se autocalifica como "progresista", de PSOE, Podemos y los partidos secesionistas, ni los que hubo anteriormente del PP, han sido capaces de ponerle límite a la inmoralidad de los beneficios de las grandes empresas del Ibex que controlan bienes y servicios esenciales que siempre debieron ser públicos.

Es por eso que, como ejemplo más reciente, el Ministerio de Agricultura defienda a capa y espada a las grandes corporaciones de la distribución de productos alimenticios a pesar de que los miembros de sus consejos de administración deberían estar ya en la cárcel. Personalmente preferiría una opción más drástica y ejemplarizante, pero mi abogado me asegura que ni es legal, ni políticamente correcto.

Una pena, cuando yo era joven, lo de exterminar parásitos era una obligación moral.

El otro día, en un número atrasado de "El País", en un amplio reportaje firmado por Javier de Lucas sobre la desobediencia civil, venía la siguiente cita: "Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, y despiertan de su letargo, pero de forma violenta" (Jean-François Paul de Gondi. Cardenal de Retz. Memoires 1675).