Opinión

El cóctel del fracaso

La ministra de Igualdad, Irene Montero.

No es tan difícil. Los partidos políticos españoles han construido unas relaciones basadas en la no aceptación de lo obvio a base de bloquear la aplicación del sentido común. La llamada ley del “solo sí es sí” de la ministra Irene Montero únicamente es la última y más esperpéntica demostración de la estupidez como forma de hacer política.

Desde luego no es la única culpable de que la casta política española base su actuación en la ineptitud y en la arrogancia, pero sí es verdad que resulta la mas obvia y actual manifestación de este peligroso cóctel en el que la ignorancia se mezcla con la prepotencia como premisas que implican como resultado el sofisma de considerar que aceptar los errores por no dejarte aconsejar por los que saben produce el inevitable despropósito de lograr el resultado contrario al deseado.

Que la ley del “solo sí es sí” era técnicamente una chapuza es algo de lo que avisaron meses atrás todos los organismos especializados que advirtieron a la ministra de lo que hoy está pasando. Sin embargo, aún con la estupidez que destila el hacer caso omiso a los que saben más que tú sobre algo, equivocarse no es delito y como bien dijo alguien muy listo, corregir es de sabios.

No pasa nada si hay que modificar la ley, que finalmente habrá que hacerlo. No es ninguna vergüenza equivocarse, ni hay que dimitir por ello. Al menos si el responsable tiene la grandeza de reconocer que se ha equivocado. Obviamente no es el caso.

La ministra Irene Montero sigue culpando a los jueces de ignorancia o de machismo, tal vez de ambas cosas. Eso incluso cuando la mayor parte de ellos son mujeres.

De cualquier forma esto suele suceder cuando se otorga a una niñata sin experiencia y con muchos pájaros en la cabeza una responsabilidad que, por falta de conocimiento y preparación, es incapaz de gestionar. Si a ello se le suma la arrogancia que parece conferir lo de tener un coche oficial, ese cóctel del fracaso está servido.

Hay que modificar esa norma cuanto antes para que el daño a la seguridad jurídica y a las víctimas sea el menor posible, pues resulta evidente que el perjuicio causado ya es irreparable.

Teniendo en cuenta que esta es solo la primera batalla de esta ley, pues aún el Constitucional tendrá que pronunciarse sobre aspectos tan relevantes como la inversión de la carga de la prueba, parece lo más coherente cerrar este primer agujero en el casco antes de que más violadores sigan colándose por esa vía de agua.


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