Opinión

Nómadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un encuentro con jóvenes sobre vivienda celebrado en Alicante el pasado miércoles.

No puedo probar que exista mala fe, ni tan siquiera puedo afirmar que sea la simple y proverbial ineptitud de nuestros políticos, pero todos sabemos que las tan publicitadas medidas oficiales para que se cumpla el derecho constitucional a una vivienda digna no son, ni tan siquiera, meras soluciones estéticas.

Tanto el nuevo plan nacional de vivienda como las diferentes herramientas aprobadas para limitar el precio de los alquileres y hasta ese bono para ayudar a los jóvenes a pagar la renta son auténticas chorradas. Otro dispendio de dinero público para vender que, por una vez, la enésima, se hace algo para combatir la pobreza estructural que somete a gran parte de la población española a una vida nómada.

De entrada resulta estúpida la obsesión por dirigir todas las medidas hacia una juventud cada vez más menguante en una nación cada vez más envejecida.

Personalmente no me preocuparía tanto por esos jóvenes que siguen viviendo con los padres cumplidos los treinta años -al menos tienen donde vivir- como del creciente número de mayores de 45 años que, excluidos del mercado de trabajo, siguen sin tener esa vivienda a la que, teóricamente, tienen derecho según la Constitución.

El número de viviendas protegidas que planea construir el ministerio que dirige Raquel Sánchez, las autonomías y hasta los ayuntamientos, es irrelevante en relación a la magnitud del problema. Eso sin contar con que, a la hora de acceder a la financiación bancaria, como me comentó un director de sucursal aquí en Marbella, “ofrecemos dinero solo a quienes no lo necesitan”. Las condiciones económicas que exige la parasitaria banca española para que cualquiera, joven o no, pueda comprar una vivienda pública son inasumibles para la realidad de la mayor parte de los candidatos. Quien puede asumir esas exigencias leoninas, no necesita una vivienda pública.

En cuanto a los alquileres, limitar los precios, como pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, es manifiestamente inconstitucional y, en lo que respecta al bono joven para el alquiler, las condiciones exigidas para acceder a él sitúan a 8 de cada 10 candidatos fuera de su cobertura.

Tal vez dé votos, pero no soluciona el problema.

Solucionarlo pasa, tanto por establecer medidas eficaces contra la especulación por parte de esas grandes empresas de construcción, inmobiliarias y fondos de inversión tras ellas que siempre están sospechosamente cercanas a los poderes públicos, como por empezar a crear empleos dignos y remunerados de acuerdo con la realidad econóomica española. Con contratos de un mes a 1.000 euros, ningún banco va a financiar nada.

El problema de la vivienda en nuestro país, al igual que el del empleo, no es otro que la corrupción estructural que infecta todo lo público. El hecho de que cada año existan más pobres españoles, menos ricos más ricos y una creciente concentración de la renta señalan directamente al problema. Un bono de un año para acceder a alquileres de menos de 600 euros que no existen, es un insulto para todos aquellos que siguen sin casa.

Y, en un país de viejos, la mayoría de esos candidatos no son jóvenes menores de 35 años.

Con tantísima corrupción de los poderes públicos en lo que se refiere a dar cumplimiento a los derechos constitucionales del ciudadano, la mayor parte de la población española morirá sin haber sido jamás propietaria de un techo y está condenada a ser nómada.


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