Opinión

Fiscal general con mando a distancia

Dolores Delgado defendiendo esta tarde su candidatura ante la comisión parlamentaria.

Como era previsible, la exministra de Justicia y candidata a fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha toreado esta tarde como ha podido ante la comisión parlamentaria que debía decidir sobre su idoneidad para el cargo a pesar de su obvia inclinación ideológica y de su perfil netamente político.

Consciente de que iba a resultar tan creíble como Osama Bin Laden presentando su currículum para consejero delegado de Explosivos Río Tinto, Delgado no se ha esforzado en rebatir lo obvio: que ha sido colocada ahí por el presidente para facilitar que los independentistas catalanes procesados salgan airosos del trance. Evitando así que le fastidien a Pedro Sánchez su sueño moncloíta y que puedan llegar a torpedear el Gobierno, obligando incluso a los ministros podemitas, ahora convertidos en “casta”, a volver al pisito de Carabanchel o Vallecas desde el casoplón de Somosaguas.

Esto nos lleva a que la candidata a fiscal general, consciente de que importa un rábano lo que opine la comisión parlamentaria dado que su dictamen no es vinculante, ha optado por hacer una presentación formal de su candidatura, tan larga y aburrida que habría que plantearse su no idoneidad para el cargo ya que castigar así a la audiencia puede ser, en sí mismo, un delito de maltrato.

No obstante, Delgado se explayó sobre un Ministerio Fiscal que piensa convertir en un compendio de eficacia, profesionalidad, objetividad, igualdad, justicia, equidad y, por supuesto, de independencia. Solo le ha faltado prometer plátanos para todos.

Y tras esa sarta de sandeces sobre la naturaleza pura de la Fiscalía General que ella va a crear, ha quedado aún más claro que la candidata ha sido colocada por el Gobierno en esa posición como una pieza más de esa estructura que incluye la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que va dirigida, como ya han advertido desde el Poder Judicial, a que los secesionistas catalanes queden impunes o, al menos, lo más impunes posible.

De ahí que esa modificación legal que nos está vendiendo el Gobierno sobre la reforma para hacer desaparecer la figura del juez instructor y que sean los fiscales los que realicen esa labor de investigación, no resulte en absoluto tranquilizadora.

Es cierto que es el sistema mas común en las naciones más desarrolladas de la UE, pero también lo es el hecho de que en esos países la falta de independencia del Poder Judicial no es, ni remotamente, tan escandalosa como lo es en España.


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