Llevamos ya varios meses hablando del fraude cometido por Pedro Sánchez en las elecciones, cuando se presentó con un programa para luego cumplir otro con el que no se había presentado ante sus votantes.
Ahora estamos, llevamos también meses de hecho, en el capítulo de una amnistía para los secesionistas catalanes que todos sabemos, incluida la gente con dignidad que pueda quedar en el PSOE, que es inconstitucional.
El principal problema de lo que pretende hacer el presidente del Gobierno -y él lo sabe- no es ya lo de reconocer legalmente que el Estado se equivocó a la hora de perseguir a unos delincuentes, sino que va a sentar un precedente.
Sánchez no solo pretende amnistiar a los independentistas que se saltaron la ley con el referéndum ilegal y que advierten cada día de que van a volver a hacerlo, sino que quiere saltarte el próximo paso de permitir una consulta en Cataluña para decidir sobre la inconstitucional independencia basándose en que la legitimidad de la próxima vez procede de que la amnistía que va a aprobar implica el reconocimiento de que ese tipo de referéndums no está fuera de la Constitución.
Si el Estado pide perdón a los golpistas por el intento de secesión, está reconociendo, implícita y automáticamente, la legalidad de ese tipo de consultas y la validez de sus resultados.
Todos sabemos, porque lo demuestra a diario sin complejo alguno, que nuestro presidente es un hombre sin moral ni escrúpulos, aunque aún sorprende cómo ha convertido a su partido en un manso rebaño dispuesto a inclinar la cabeza ante los designios de este aprendiz de líder norcoreano, sin embargo los españoles seguimos a la espera, y con la esperanza, de que las instituciones que juraron o prometieron respetar y hacer respetar la Constitución cumplan con el compromiso que adquirieron.
Somos conscientes de que, con este Gobierno, el perjurio ha pasado de ser un delito a convertirse en tradición, pero el principal problema es que desmembrar el país, porque después de los secesionistas catalanes vendrán los vascos, no va a solucionar el problema. Aunque tengan bandera, himno y puesto en Naciones Unidas, seguirán pidiendo más porque esto es un sencillo chantaje que no va de independencia sino de dinero.
La gran pregunta que nos hacemos todos los españoles es, ¿qué harán los que están obligados a impedirlo?
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