Nacional

Detenidas 29 personas implicadas en una trama de corrupción en subvenciones de la Diputación de Barcelona

Se ha investigado el desvío de más de dos millones de euros en subvenciones para supuestos proyectos en países en desarrollo. Durante la operación ESTELA se han realizado registros en la Generalitat y Diputación de Barcelona, así como en fundaciones, asociaciones y empresas catalanas de Barcelona, Tarragona y Gerona.

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación que ha destapado un presunto fraude de las subvenciones de la Diputación de Barcelona, dinero destinado a prestar asistencia técnica a países en vías de desarrollo y que no llegaba a sus beneficiarios.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la UDEF CENTRAL con la colaboración de la Unidad Central de Ciberdelincuencia -ambos pertenecientes a la Comisaría General de Policía Judicial-, la Brigada Provincial de Policía Judicial, la Unidad de Intervención Policial (UIP), el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), Guías Caninos y GEO/GOES.

Tras dos años de una laboriosa y compleja investigación en la que se han examinado decenas de miles de documentos, la operación ESTELA da respuesta a las denuncias de diversos colectivos sobre la forma de proceder, la asignación y la justificación de las subvenciones en la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona.

Su entonces director y actual Subdirector General de Cooperación Local de la Generalitat, Jordi CASTELLS MASANÉS, ahora detenido, dimitió a mediados de 2015 a raíz de las noticias aparecidas en prensa, que le acusaban de repartir más de un millón de euros de la cooperación al desarrollo de forma irregular entre empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro. A las denuncias anónimas, se sumaron otras de la CUP y del sindicato CGT, que presentaron escrito ante la Oficina Antifraude de Cataluña denunciando irregularidades en pro de favorecer a empresas catalanas privadas a través de dinero público.

Se llevan practicados 14 registros en varios despachos de sedes de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, así como en una serie de entidades sin ánimo de lucro y empresas catalanas que supuestamente han sido favorecidas con más de dos millones de euros de dinero público destinados a la cooperación al desarrollo en terceros países.

Entre las subvenciones irregulares destacan las recibidas por las entidades sin ánimo de lucro CATmon e IGMAN domiciliadas en la calle Fonollar, número 14, de Barcelona.

Sólo estas dos entidades han recibido en el periodo investigado, los años 2011-2015, más de 10 millones de euros procedentes de diversos organismos públicos catalanes, entre ellos de la propia Diputación, por lo que se sospecha que el fraude sería mucho más elevado.

La investigación ha permitido comprobar que la mayoría de los proyectos para la cooperación al desarrollo, a los cuales estaba destinado el dinero de las subvenciones, no se llevaron a efecto.

Empresas creadas expresamente para el cobro de las subvenciones, informes finales copiados literalmente de Internet, facturas falsas, actividades presupuestadas y no realizadas; y un sinfín de irregularidades, se han puesto ahora de relieve.

Los análisis realizados por los investigadores de la Policía Nacional revelan que el dinero de las subvenciones transitaba, presuntamente, de forma anómala entre las cuentas bancarias de IGMAN, CAtmon y la sociedad mercantil DISCATIMAT S.L, para finalmente ser reintegrado en efectivo o destinado a sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o para terminar en cuentas personales de los investigados.

En el dispositivo se ha procedido a la detención de, además del ya citado, Jordi CASTELLS MASANÉS, a la del entonces presidente de la Diputación Salvador ESTEVE FIGUERAS, al actual alcalde de Tordera y Diputado Delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Procesos y Sociedad de la Información de la Diputación, Joan Carles GARCÍA CAÑIZARES, al socio del actual Parlamentario Francesc DALMASES THIO, Víctor TERRADELLAS MARÉ, quien fue Secretario de Relaciones Internacionales de CDC, a responsables de PIMEC, así como otros directivos de fundaciones, asociaciones y empresas catalanas.

A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.


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