Nacional

El Estado reclama la propiedad de 564 bienes muebles del Pazo de Meirás

El Estado pide también que se acuerde la permanencia de los bienes dentro del Pazo y en depósito de la Administración hasta que el Juzgado resuelva.

La Abogacía del Estado ha presentado una demanda en la que se reclama la propiedad 564 bienes muebles que se encuentran dentro del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña), con el fin de que pasen a ser propiedad del Estado.

Se trata de bienes, documentos y legajos que incluyen bienes de Patrimonio Nacional, bienes del Patrimonio Documental Español y bienes de dominio público, por su afectación al uso del Pazo como residencia oficial del Jefe del Estado. Estos últimos forman parte del Patrimonio Histórico Español por su interés histórico y artístico, vinculado tanto a la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán como a la actividad oficial desarrollada durante la dictadura.

La demanda responde a la petición de ejercicio de acciones formulada tanto por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional como por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Asimismo, cabe recordar que el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad, en mayo de 2021, una proposición no de ley en la que solicitaba el inicio de acciones judiciales para defender la titularidad pública de los bienes muebles que son necesarios para explicar la historia del Pazo de Meirás y que son de titularidad o de dominio público.

La demanda tiene como antecedente lógico las dos sentencias dictadas sobre la reivindicación del inmueble en el que se encuentran situados estos bienes, en las que se ha establecido que (i) e Pazo de Meirás se adquirió con fondos procedentes del conjunto de los ciudadanos y de instituciones públicas y (ii) desde el primer momento, todas las actuaciones de mantenimiento, conservación, reparación y mejora del Pazo de Meirás se ejecutaron por la Administración del Estado y se financiaron con fondos públicos.

Se incluye, asimismo, una petición de medidas cautelares para que se acuerde la permanencia de los bienes dentro del Pazo y en depósito de la Administración hasta que el Juzgado resuelva a quién corresponde su propiedad. Algo para garantizar su conservación y protección, así como la integridad de los intereses históricos y artísticos a ellos vinculados, por el lugar donde se encuentran.


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