Podemos Marbella-San Pedro ha informado hoy a través de un comunicado de que trasladará al pleno del Ayuntamiento la necesidad de una reforma del Código Penal en el ámbito de las violencias sexuales, las cuales están reconocidas en el Convenio de Estambul, y fue ratificado por el Estado. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido consenso suficiente para trasponer las directivas y recomendaciones de los organismos internacionales para cada una de las violencias machistas recogidas en dicho convenio y por el Pacto de Estado.

Podemos confirma la existencia de un agravio comparativo en materia de legislación. Por lo que llama la atención y advierte de la peligrosidad, a día de hoy y en base a nuestra legislación y políticas actuales, de que una víctima como la del caso "La Manada" no pueda acreditarse como víctima de violencia  de género según lo que recoge la Ley 1/2004, y por lo tanto:

• no tenga derecho al acompañamiento,
• ni priorizarse su domicilio en el proceso judicial,
• ni que su caso se desarrolle en un juzgado especializado de violencia sobre la mujer,
• ni acceso a las distintas prestaciones correspondientes a la tutela institucional propia del proceso de reparación de una víctima de violencia de género, tal y como lo estipula la ley 1/2004.

Todo ello a pesar de que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), recomienda a los Estados parte expresamente que deben:

"Garantizar que las agresiones sexuales, en particular la violación, estén tipificadas  como  un  delito  que  afecta  al  derecho  a  la  seguridad  personal  y  a  la integridad física, sexual y psicológica y que la definición de los delitos sexuales, en particular la violación conyugal y por parte de un conocido o la violación en una cita,  se  base  en  la  falta  de  libre  consentimiento  y  tenga  en  cuenta  circunstancias coercitivas. Las  limitaciones  de  tiempo,  en  caso  de  que  existan,  deberían  dar prioridad  a  los  intereses  de  las  víctimas  y  supervivientes  y  tener  en  cuenta  las circunstancias  que  obstaculizan  su  capacidad  para  denunciar  la  violencia  sufrida ante los servicios o autoridades competentes."

El comunicado de Podemos continúa afirmando que la ONU, en el marco de la CEDAW, insta a España y al resto de países a legislar para cada forma de violencia en materia de:

• Protección.
• Enjuiciamiento y Castigo.
• Reparaciones.
• Coordinación.
• Vigilancia y Recopilación de Datos.
• Cooperación Internacional.

Por ello, mediante la moción que se eleva al pleno del próximo viernes, Podemos propone al mismo la adopción de las siguientes medidas:

• Instar al Congreso de los Diputados y Diputadas a aprobar una Ley integral para la protección del derecho a la libertad sexual de las personas y a unas vidas libres de violencias sexuales.
• Instar al Gobierno del Estado a dar cumplimiento de las medidas incluidas en el informe de la subcomisión para el Pacto de Estado contra la violencia de género en el plazo máximo de 3 meses.
• Instar al Gobierno del Estado a dar cumplimiento a los compromisos económicos ratificados en el informe de la subcomisión para el Pacto de Estado contra la violencia de género en el plazo máximo de 3 meses.
• Instar a al gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía a elaborar las reformas legislativas pertinentes para adaptar su normativa a lo establecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de género.

El comunicado concluye con las palabras de Sara Jiménez, asesora jurídica de Podemos Marbella: "El Derecho no puede permanecer estático y ajeno a la realidad social, y menos en un contexto de convulsión generado a raíz del fallo del caso "La Manada", el cual ha puesto de manifiesto la legitimación de la cultura de la violación y el carácter patriarcal de nuestra legislación y administración de Justicia. No podemos permanecer ajenos a ello, necesitamos actuar y modificar esta realidad."