Imprimir esta página

Editorial

Comprando elecciones

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La “guerra de impuestos” es el último capítulo del sainete político entre las autonomías del PP y el Gobierno central en el que ambas partes están defendiendo sus posturas con argumentos simplistas, dogmáticos e irresponsables. Y la estrella de este show es sin duda el impuesto sobre el Patrimonio.

Esta figura fiscal merece algunas consideraciones que queden al margen de los intereses electorales del PP, que es el auténtico motivo de su supresión en las administraciones que controlan, y que también superen el infantil discurso de izquierda rancia del PSOE acusando a la oposición de proteger a los ricos para empobrecer más a los pobres.

En realidad el impuesto sobre el Patrimonio tiene una escasísima capacidad recaudatoria, en el caso de Andalucía no llega al 1% del total y afecta solo a poco más del 0,6% de los contribuyentes, por lo que su supresión apenas reducirá los ingresos fiscales autonómicos. Por algo es que esta figura impositiva fue suprimida hace años en todos los países de la UE y, fuera de ella, son pocos los Estados que lo mantienen.

Los argumentos de los partidos de izquierda en España sobre ricos y pobres son, por tanto, una memez.

Ello no impide que la decisión que ha tomado el presidente andaluz de suprimir ese impuesto y reducir la presión fiscal en otros sea una irresponsabilidad. Sería una estupidez si no supiera lo que está haciendo, pero lo sabe porque el motivo de esa rebaja fiscal es exclusivamente político, no económico.

Con la inflación por encima del 10% y mientras todos los bancos centrales de Occidente suben tipos para intentar enfriar las economías y reducir el consumo, el Gobierno andaluz toma la dirección contraria y deja más dinero en el bolsillo del ciudadano para gastar, con lo que echamos más madera al problema inflacionista.

Paralelamente, el Gobierno central, con igual grado de irresponsabilidad, defendía esta mañana un techo de gasto super deficitario, anulando el objetivo de déficit, lo que significa que seguirá aumentando la ya disparatada deuda pública que pagarán varias generaciones futuras.

La idea de Pedro Sánchez de comprar votos a base de dar dinero directamente al ciudadano no va a servir ni para pagarse otros cuatro años en La Moncloa, ni para solucionar los problemas económicos de la población.

El argumento común a PP y PSOE de que sus políticas van dirigidas a ayudar a las “clases medias trabajadoras" -los pobres parece que no cuentan- es, en ambos casos, mentira. Reducir presión fiscal de verdad supone tocar el IRPF y los impuestos indirectos, lo más injustos puesto que pagan lo mismo los más ricos y los más pobres.

No hay que olvidar que es precisamente el Estado el que está haciendo su agosto ingresando cantidades muy superiores vía impuestos gracias a la inflación. Cantidades que, en este caso sí, proceden del bolsillo de esas "clases medias trabajadoras".

No obstante y a pesar de que tiene muy mala prensa, en un marco de endeudamiento suicida por parte de las administraciones públicas y con la inflación rozando el 11%, no es el momento de pensar en rebajar la presión fiscal sino de reducir el gasto.

Los gobernantes de todas las administraciones, que son los primeros que deberían dar ejemplo, están haciendo justo lo contrario para comprar elecciones en lugar de ganarlas.