Editorial

Si pagamos nosotros, no es un viaje privado

Grande-Marlaska ha reconocido que de la seguridad de don Juan Carlos se encargan funcionarios público españoles.

Pues no, no está tan claro, como defiende el Gobierno y admite con su silencio la Casa Real, que el destino del rey emérito continúe siendo secreto por tratarse de un viaje privado y que debe ser don Juan Carlos el que informe de lo que quiera cuando quiera.

Podría ser así si el emérito se hubiese costeado de su propio bolsillo todos los gastos de su estrafalario periplo y si, además, pagara su propia seguridad, cosa que no hace. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció abiertamente que son funcionarios públicos españoles, policías o guardias civiles en definitiva, los que protegen al monarca emérito que, además, ha puesto como condición a su "autoexilio" no ser privado de su condición.

Bien, teniendo en cuenta que el carísimo despliegue de funcionarios públicos en el extranjero lo estamos pagando todos los españoles y que, por petición propia, sigue detentando el título de rey de España, aunque sea de modo emérito, ni el viaje ni el destino de don Juan Carlos son un asunto privado que concierna únicamente a la familia real. Salvo, claro está, que alguien de esta carísima familia decida pagar de su bolsillo todo lo que, a día de hoy, estamos pagando los españoles a pesar de nuestra maltrecha situación.

Es cierto que el destino del monarca viajero es irrelevante. De hecho no deben ser muchos los españoles a los que les preocupe a dónde a ido, ni si está en ese hotelazo del Golfo donde la noche cuesta 11.000 dólares, aunque lo que si jode bastante, con lo que estamos pasando en estos momentos los ciudadano de a pie, es que nos toque a nosotros pagar hasta lo que se beba del minibar.

Por otro lado y si como dicen los periódicos, lo de mandar al emérito a tomar viento, fue concertado con su hijo Felipe para salvaguardar la imagen de la monarquía, conviene hacer notar a los listos que lleven lo de la comunicación en La Zarzuela que la petulancia arrogante de no dar la más mínima explicación a los españoles y envolver, de nuevo, a los actuales reyes en el blindaje del obligado silencio imponiendo una censura fáctica a los medios de comunicación, es repetir los mismos errores que nos han llevado a donde hoy estamos.

Y, desde luego, no sirve en absoluto para salvaguardar la imagen de la institución. De hecho, es algo que, a estas alturas, no debería preocupar en lo más mínimo a los actuales reyes.

Lo que sí está claro es que, si pagamos los españoles, tenemos derecho a saber en qué está malgastando ahora el Gobierno nuestro dinero.


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