Editorial

El 510

En su actual redacción, el delito de odio sustrae al estudio de las ciencias buena parte de la historia de la Humanidad.

Tras aparecer en redes sociales y televisión el video del taxista malagueño disparando en una galería de tiro contras las fotos de varios miembros del Gobierno, se preveía automático el que la Fiscalía comenzara a rasgarse las vestiduras invocando el cuestionable delito de odio al que se refiere el artículo 510 del Código Penal.

El tema del video es meramente anecdótico, aunque sirve para volver a examinar una figura penal de dudosa constitucionalidad y que pone en evidencia la urgencia que tiene el legislador por ser más papista que el Papa a la hora de cumplir el confuso mandato de la corrección política.

Como ya hemos defendido en este espacio anteriormente, odiar no es ilegal, ni tan siquiera evitable. Lo que pretende hacer el legislador guiado por la torpe mano del político, es encuadrar el odiar a algunos, que no a todos, dentro de un tipo penal en el que, en gran medida, se está recortando el derecho a la libertad de expresión y de opinión.

Los delitos de injurias y calumnias, junto a las restantes figuras de protección del honor, ya bastaban para cubrir lo que la clase política ha complicado ahora enormemente en este nuevo ejercicio de instrumentalización de la capacidad legislativa como herramienta para captar votos.

La inaudita extensión del art. 510 del CP, que incluso tiene un bis, deja claro que ni el legislador tiene claro en qué consiste este delito.

En su errática redacción, este precepto permitiría, de hecho permite, cometer tropelías incluso contra ciencias como la Historia, la Medicina, Biología, Sociología, Política, Psicología y muchas otras si alguna de ellas llegara a demostrar con evidencias empíricas hechos que pudieran discriminar entre razas, grupos nacionales, étnicos, religiosos y de tantas otras naturalezas. Tras el 510 hay partes de la Historia de la Humanidad que se convierten en verdades dogmáticas, con amenaza expresa de cárcel si cualquier historiador se atreviera a probar que algunos hechos sucedieron de otra forma.

Por otro lado, piensen en qué habría pasado si en lugar de hacer pública la grabación -es la difusión de las imágenes lo que perfecciona ese delito- disparando contra fotografías de varios miembros del Gobierno, el taxista en cuestión lo hubiera hecho contra la imagen de Osama Bin Laden y de otros conocidos terroristas.

Cierto, no habría pasado nada. Ello a pesar de que sería el mismo presunto delito pues el 510 no dice nada de que se puedan publicitar manifestaciones de odio contra terroristas por el hecho de serlo; ni mofarse del ejecutado Sadam Hussein, máximo representante en su momento del partido iraquí Baaz, cuyos miembros serían el colectivo víctima por su ideología política del delito de odio.

Más aún, el confuso artículo también considera autores del mismo a quienes “públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores...”.

Si volvemos al tema iraquí, a la invasión de Afganistán o a los bombardeos sobre Libia, que superan conjuntamente los 200.000 muertos civiles sobre las espaldas occidentales, el 510 convierte muchos acontecimientos que aún hoy celebramos, en una incómoda realidad.

Es el inconveniente que siempre tiene intentar prohibir los sentimientos y el libre albedrío, una realidad que nuestros políticos, infectados todos ellos por el despotismo orwelliano de 1984, siguen negándose a aceptar.

Lo que debería haber tipificado el desafortunado artículo 510 es la falta de sentido común ante las reiteradas muestras de estupidez de aquellos que se graban a cara descubierta cometiendo un delito y luego lo hacen público en internet para que la policía pueda cogerles con más facilidad.

Si avanzamos un poco más en torpeza, lo mismo terminan metiéndose solos en la cárcel.


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