Editorial

Un rehén en la Presidencia

Pedro Sánchez (d) y Quim Torra durante la reunión mantenida en La Moncloa en julio de 2018.

Pues sí, seguramente el problema más grave que tiene España ahora mismo es saber quién autorizó a Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, a hacer prácticas de tiro con un fusil de asalto en una base militar.

Y Defensa hasta anuncia una investigación para depurar responsabilidades. Es interesante ver que la mayoría de las democracias occidentales -hay que reconocer que en esto no somos los únicos meapilas- lo arreglan todo anunciando “comisiones de investigación", “depuración de responsabilidades” y lo de “con luz y taquígrafos”, para asegurar la total opacidad de lo sucedido ante el ciudadano con el fin de garantizar la supervivencia de un sistema político enfermo.

Con un país gobernado por unas pocas minorías que quieren verlo desaparecer, un presidente rehenizado por delincuentes encarcelados, huidos de la Justicia y por grupúsculos que abiertamente incumplen la legislación vigente, empezando por la Constitución, sin duda nuestro principal problema es que Ortega Smith asistiese a un curso en el que disparó sin chaleco antibalas. Lo que habrían sufrido en La Moncloa si este hombre llega volarse accidentalmente la cabeza.

En los pocos días que lleva funcionando este puzle construido por Pedro Sánchez ya se han producido varias situaciones que, de no ser por la responsabilidad de sus autores, serían cómicas. Desde la multiversionada metedura de pata de José Luis Ábalos en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta venezolana, hasta el más reciente de los independentistas declarando abiertamente que no respetan la figura de la Monarquía, dejando claro que piensan cumplir del Ordenamiento Jurídico solo lo que les apetezca y les convenga. Porque, como dijo recientemente una diputada de ERC, les puede importar "un bledo la gobernabilidad de España", pero al sueldo y demás privilegios del cargo que les ha dado España, no renuncian. Los principios, son los principios, pero la pasta es la pasta.

Incluso el mismo presidente del Gobierno se ve obligado a bordear la legalidad y no tiene libertad para negarse a acudir a la reunión con un Quim Torra inhabilitado y cuya permanencia como president es más que cuestionable, cuando no abiertamente ilegal.

En estas circunstancias, es incluso más cuestionable si Pedro Sánchez no está ejerciendo el cargo con tantas limitaciones y sujeto a tantos chantajes que pueda llegar a tomar decisiones contra los mismos intereses de España. Los pasos que está dando para acomodar la Justicia a los intereses de delincuentes encarcelados apunta peligrosamente en esa dirección.

No obstante, lo de Ortega Smith resulta más alarmante. Alguien tendría que hacerle pagar la munición.


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