No tiene sentido denominar “reforma fiscal” al conjunto de medidas acordadas esta semana entre PSOE y Sumar cuando no reforman nada. El resultado de esta creación de nuevos impuestos y subida de otros ya existentes será el mismo de siempre: de una forma u otra, terminará siendo el ciudadano medio el que los pague.
Aunque Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han presentado la “reforma” con la habitual demagogia de todos los gobernantes cuando se trata de convencer a la gente para que pague más a cambio de recibir menos, esas once medidas fiscales son, en realidad, una exigencia de la Unión Europea (UE) si España pretende recibir otros 7.200 millones de euros de Bruselas.
No se trata de una mayor presión fiscal modelo Robin Hood: dirigida a hacer pagar más a los “ricos” para repartir más entre los “pobres”, sino que se trata de una mayor presión fiscal que, de una forma u otra, acabará pagando un ciudadano medio cada vez más empobrecido. Por lo que estamos ante más de lo mismo y no de una reforma.
Es cierto que Sánchez y Díaz han intentado darle al paquete una mano de barniz demagógico para que los ciudadanos normales y corrientes no tengamos tanta sensación de ser siempre los pringados de esta película. De ahí que en este nuevo fraude fiscal se incluya el ridículo “impuesto Lamborghini”, que gravará a quienes se compren un cochazo, un yate o un avión, cuando la realidad demuestra que el número de estos bienes que se adquieren anualmente en España es casi anecdótico, amén de que quienes los compran suelen ser grandes empresas y corporaciones que ya disfrutan de una fiscalidad que para sí quisiera cualquier currito con nómina de 1.300 euros. El resultado, como advierten todos los expertos en la materia, será el mismo de siempre, la escasa capacidad recaudatoria y redistributiva de este tipo de gravamen.
Sumar logra la prolongación del impuesto sobre los beneficios de la banca, a pesar de que el oligopolio bancario español está ganando más dinero desde que se creó esta figura fiscal por una simple razón que conoce el Gobierno: la banca está cargando más del coste del impuesto a sus clientes.
No obstante, el partido de Rosa Díaz ha logrado este objetivo renunciando, como exigió el PSOE, a mantener el impuesto a las energéticas, lo que nos permite hacernos una idea del poder que este sector empresarial tiene sobre los dos principales partidos españoles. Quizá tenga que ver el hecho de que los consejos de administración de estas empresas son uno de los aparcaderos preferidos de los exaltos cargos socialistas y populares.
Por descontado, el hecho de que las energéticas paguen menos no va a significar ninguna reducción en los precios para el consumidor.
De la misma forma, el aumento de la presión fiscal a las grandes empresas, capitales y a los beneficios que consigue esa minoría que realmente gobierna España, volverá a producir ese efecto cascada que hace que las subidas caigan “río abajo” hasta las capas económicamente más vulnerables que serán los que acaben padeciendo esta mayor presión fiscal a través de las subidas de precios que pagamos por lo servicios y productos que compramos a ese oligopolio económico.
Igualmente, subir el iva al 21% a apartamentos turísticos o gravar más los seguros médicos privados solo logrará aumentar los precios de unos y otros sin afectar en absoluto al mercado de la vivienda, ni afectar al imparable proceso privatizador de la sanidad pública.
Y el resto de las medidas que Díaz y Sánchez han presentado como otro logro del Gobierno “progresista” suponen también más de lo mismo: una mayor presión fiscal sobre la esquilmada clase media.
“Reformarlo todo para que nada cambie”, parecen querer transmitir Pedro Sánchez y Yolanda Díaz parafraseando al novelista Giuseppe Tomasi
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