Opinión

Justicia oficial v. Justicia real

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, durante su intervención esta mañana en la apertura del año judicial.

Aunque el sainete de la apertura “solemne” del curso judicial no es ninguna novedad para los españoles desde que los partidos más votados se reparten el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en esta ocasión ha resultado algo más esperpéntico habida cuenta del cada vez más lamentable balance que arroja la actuación judicial en casos tan relevantes como simbólicos.

Mientras en su discurso María José Segarra parecía, más que fiscal general del Estado, una fiscal especial para asuntos de género, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se ha limitado a repetir los mantras de lo magníficos que somos en España en esto de la Justicia a pesar de la escasez de recursos y urgir a los políticos para que formen Gobierno ante el riesgo de “descrédito” del Poder Judicial. Y aunque es tarde para preocuparse por eso, teóricamente y como dice nuestra maltratada Constitución, lo de la independencia entre los tres poderes está, precisamente, para evitar cosas como esta.

Con lo poco dado que son nuestros cargos públicos a admitir errores, en el Tribunal Supremo se han repetido esta mañana los tópicos sobre la “Justicia oficial”, esa que no vivimos los españoles que caminamos por la España que no está cubierta con moqueta.

Nadie se ha querido acordar hoy en el Palacio de Justicia del papelón que hizo el Tribunal Supremo el pasado mes de octubre con las sentencias contradictorias sobre quién debía pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Cuando el propio presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, suspendió el pronunciamiento que perjudicaba a los bancos y se hizo ese extraño cambalache de revisar el tema para terminar, de nuevo, cargando el pago del impuesto sobre los hombros de los pringados de siempre, los ciudadanos.

Todo esto sin olvidar que Díez-Picazo, que no es magistrado de carrera sino de los que accedió por prestigio y experiencia profesional, llegó a presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de forma un tanto chusca. Fue el propio Carlos Lesmes el que lo colocó con calzador en esa sala que iba a juzgar el tema de las hipotecas desplazando al que entonces ocupaba el cargo, José Manuel Sieira. Y eso sin olvidar que Díez-Picazo trabajó como profesor para una universidad privada que patrocina la patronal del sector bancario, la Asociación Española de Banca (AEB). Ni incompatibilidad alguna, ni conflicto de intereses. Los bancos se volvieron a llevar el gato al agua y los comunes mortales que los padecemos seguimos tragando.

Dentro de unas semanas toca la sentencia del proceso secesionista catalán y ya ha habido filtraciones interesadas desde el propio Tribunal Supremo anunciando un pronunciamiento que permitirá al Gobierno salvar la cara sin quedar demasiado mal con los independentistas. En concreto, el periódico La Vanguardia, que publicó la información filtrada, afirmaba textualmente que “el fallo, si bien no será leve, no resultará inmanejable para el Gobierno”.

Son solos dos muestras de que en este país siguen existiendo dos realidades judiciales: la oficial y la de verdad. En el Tribunal Supremo se ha exhibido esta mañana la primera de ellas, mientras los justiciables miramos cada curso con mayor desconfianza a un poder al que unos pocos partidos mayoritarios mantienen sometido.


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