Editorial

El derecho de huelga ha cambiado

La reciente huelga del sector del taxi ha servido para demostrar tres cosas: que los conflictos laborales siempre utilizan como rehén al ciudadano, que el número de leyes que se promulga es inversamente proporcional a la observancia de las mismas y, en tercer lugar, que el Gobierno de Pedro Sánchez es aún más débil de lo que parece.

El papel del ciudadano como rehén de cualquier clase de conflictividad laboral es ya inherente a la propia naturaleza de los derechos que puedan tener los trabajadores a realizar sus reivindicaciones.

El derecho de huelga, la forma reivindicativa más destacada, no ha sido revisado desde su formulación, cuando su ejercicio iba dirigido a presionar económicamente al empresario -provocándole pérdidas- para que cediera ante las demandas obreras.

Sin embargo, es cada vez más frecuente que el ejercicio de ese derecho se dirija directamente contra el ciudadano con el objetivo de provocar un malestar o un perjuicio social que afecte a la popularidad del gobernante de turno, con la finalidad de forzar la intervención pública en el conflicto. Más aún cuando, como en el caso del transporte público, la Administración es parte en el asunto.

El ciudadano se convierte así en rehén de quien realiza las reivindicaciones y en elemento esencial de un chantaje en el que el poder público, principal víctima del mismo, es forzado a ceder, si es el empresario, o a mediar ante quien lo sea.

A día de hoy, el ejercicio del derecho de huelga tiene como principal objetivo alcanzar reivindicaciones laborales amenazando al poder político con afectar a su intención de voto.

Pocos, muy pocos, son los conflictos laborales que se dirimen exclusivamente entre trabajadores y empresa sin que se produzcan actuaciones que superen el ámbito de las partes enfrentadas, como cortes de carretera o la ocupación de espacios públicos.

La mutación, o malformación si se prefiere, de la huelga es tal que difícilmente puede ya definirse como un derecho sino, más bien, como un instrumento cuasi bélico, dirigido a perjudicar a un colectivo determinado con el fin de forzar la forma de actuar o la decisión de un tercero. Si se paran a pensarlo y salvando las distancias, esencialmente es el mismo concepto que se utiliza en los conflictos bélicos actuales: forzar la rendición del enemigo castigando a su población civil.

El ejercicio de un derecho tiene su límite en el punto donde comienza el de otra persona. Actualmente, sin embargo, el ejercicio del derecho a la huelga se basa en no respetar los derechos de los demás con el fin de lograr mis reivindicaciones, que fue exactamente lo que hicieron los taxistas al bloquear las ciudades.

Y es ahí donde entra justamente, el segundo efecto de esta huelga: la habitual inobservancia de las leyes que se viene produciendo en España en los últimos años.

Huelga en un servicio público sin autorización alguna, sin que el Ministerio de Fomento establezca unos servicios mínimos; cortes de las principales calles de grandes capitales durante días o caravanas de taxis obstaculizando el tráfico sin que ninguna Administración pública ni las fuerzas y cuerpos de seguridad hiciesen nada por impedirlo, a pesar de que esa permisibilidad ante un ilícito penal por parte de un funcionario también es punible. Al parecer, solo la policía autonómica vasca multó a algunos taxistas.


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