Editorial

Haciendo de todo para que no cambie nada

Imagen de una "goma" cargada de hachís durante la travesía del Mediterráneo.

La imparable tendencia de nuestro Gobierno a legislar a tontas y a locas corre paralela a la estupidización general que estan provocando los llamados “medios sociales”.

Si en estos es cada vez mayor la tendencia a aceptar como válida la información falsa -las fake news- únicamente porque el usuario, incluso siendo consciente de la falsedad de la noticia, prefiere aceptar lo que es mentira, nuestras leyes siguen la misma tendencia: nos importa un rábano que no sirvan para nada si la conciencia pública de corrección política queda limpia.

La premisa en ambos casos, tanto a la hora de legislar como de consumir medios sociales, es cada vez más coincidente, no se trata de que funcione, se trata de que parezca que hacemos algo para que funcione.

Con el tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar nuestro Gobierno sigue dando muestras de que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para que la cosa no cambie. Lo último es lo de aprobar nuevas normas que prohíban el empleo de las “gomas”, las lanchas rápidas con las que los narcotraficantes traen el hachís y la marihuana desde Marruecos.

El asunto lleva en estudio, o en el cajón que corresponda, desde tiempo inmemorial pero ahora, como la violencia ha hecho acto de presencia en La Línea de la Concepción, Mariano Rajoy, que gobierna siguiendo el dictado de las redes sociales, se ve obligado a dar otro paso que no conduzca a ninguna parte.

Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que tamaña estupidez no servirá absolutamente para nada. Si el coladero del Estrecho ha logrado atraer a todos los narcos del mundo multiplicando la llegada de cocaína y heroína a Algeciras, el hachís no va a dejar de entrar porque se prohíban las “gomas”. La droga es como el agua, se adapta y siempre encuentra un hueco por donde colarse.

Lo que sí se pregunta cualquier persona con dos dedos de frente es por qué el Gobierno, en vez de perder el tiempo legislando sandeces, no va al origen del problema y le exige al país productor que haga su trabajo y acabe con las plantaciones. Primero por las buenas y luego, si es necesario, por las malas.

Empezar por hacer público quién o quienes son los propietarios de esas plantaciones sería un buen comienzo. O quizá sea esta precisamente la razón por la que en este asunto nuestros gobierno siempre han hecho todo lo necesario para no solucionar nada.


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