Editorial

La ley es una eficaz fábrica de desempleadas

Aún sin tener claro si resultamos más cómicos que patéticos, hay que reconocer que en España conservamos intacta esa capacidad de mirarnos el ombligo para disfrutar de lo magnífico que somos.

Los datos del paro de noviembre han sido hoy una ocasión inmejorable para otro rasgado colectivo de vestiduras al comprobar que el 96% de los que perdieron su empleo durante ese mes eran mujeres.

Por supuesto, los lamentos y peroratas sobre la desigualdad, la discriminación por razón de sexo y la necesidad de más subvenciones para acabar con esa mancha en nuestra democrática e idílica sociedad se han sucedido a lo largo del día.

Y lo más interesante es que han, hemos, sido muchos los que, desde hace años, llevamos advirtiendo de la “cara B” de esas políticas laborales con las que el gobernante pretende convencer al votante, a las votantes en este caso, de que él debe ser el elegido, y con mayoría absoluta si es posible, para alcanzar el paraíso de la igualdad.

Pero como resulta que la naturaleza no nos ha hecho iguales, pues la forma de convertir el mantra en realidad es manu militari: imponiéndolo a través de una farragosa legislación laboral -en el caso que nos ocupa- sin orden ni concierto.

Cuerpos legales chapuceros aprobados a toda prisa por políticos urgidos por citas electorales de todo pelaje. Una chapuza legislativa parchea a la anterior o a varias anteriores.

Se trata de que la mujer pueda trabajar en igualdad de condiciones y oportunidades que el hombre; pero también se trata de mantener incólume su derecho a ser madre, a criar y a disfrutar de sus hijos. Todo ello obligando la norma a la empresa y al empresario a soportar y costear largos periodos de baja, ratos libres de aquí y de allá para la lactancia, reducciones de horario y todo lo demás que acompaña a lo de tener un crío.

Cualquier empresario que quiera en este país quebrar su empresa sin ser acusado de fraude solo tiene que llenarla de embarazadas, la legislación hará el resto.

A ver si nuestros políticos se enteran: las normas laborales de naturaleza tuitiva que pretenden proteger a la mujer y discriminarla positivamente, son la mejor fábrica de desempleadas que ha podido inventar el Poder Legislativo.

Pero, además de eso, está la puñetera realidad, que se empeña en demostrarnos que todo no puede ser.

Nos guste o no, es imposible tener una vida laboral plena y una vida familiar plena. Salvo, claro está, los casos esos de las películas de las superjecutivas con tres niños, talla 38, un marido cirujano estético en Beberly Hills y una legión de niñeras. En estos casos sí se puede cumplir como superejecutiva; lo de cumplir como madre, sin embargo, ya es otro cantar.

La OCDE nos ha dicho hoy mismo que en el año 2050 seremos, después de Japón, el segundo país más envejecido del mundo. Habrá 100 personas en edad de trabajar por cada 76 jubilados, cuando la ratio actual es de 100 a 30 y el sistema de pensiones es ya deficitario.

Ante esa realidad incuestionable tenemos dos opciones: o ponernos a hacer niños desde ya, o facilitarles a los inmigrantes la llegada para utilizar a sus hijos como sujetos fiscales.

Con esa realidad, que conocemos desde hace medio siglo, la torpeza de nuestros políticos y su forma simplista, demagoga y ridícula de entender la igualdad, nos han conducido a una catástrofe demográfica que muy difícilmente podremos ya revertir.


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