Editorial

Espejito, espejito

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, responde a las preguntas del Pleno en la Sesión de Control.

Con eso de que, ante el actual panorama político, lo de votar en unas las elecciones generales va camino de convertirse en España en una práctica semestral, son cada vez más las voces que hablan de modificar nuestro sistema electoral y pasarnos al que contempla una segunda vuelta.

Hasta la vicepresidenta, Carmen Calvo, que aunque no lo parezca es doctora en Derecho Constitucional y profesora universitaria, ha sacado el tema a colación. Probablemente fruto de un lapsus porque el asunto es bastante más complejo de lo que parece.

No se trata de cambiar de sistema de un día para otro solo porque no me gustan los resultados o porque, como está sucediendo ahora, nuestros partidos fijan sus objetivos políticos en satisfacer sus intereses particulares y no en cumplir con el encargo que les ha hecho la ciudadanía. Nuestro sistema electoral responde al modelo parlamentario y no al presidencialista, que es el que aplica ese sistema de segunda vuelta y que permite el nombramiento directo del candidato a la presidencia cuando en la primera vuelta no ha conseguido mayoría suficiente -normalmente la absoluta-.

En un sistema parlamentario como el nuestro, el presidente del Gobierno goza de legitimación indirecta pues es elegido por el Congreso, que sí tiene esa legitimación directa. En los sistemas electorales de doble vuelta, el presidente es legitimado directamente por los votos de los ciudadanos.

Cambiar esto supone, no solo desmontar media Constitución sino, además, cambiar el mismo espíritu del sistema político español pues el presidencialismo, por su propia naturaleza, resta poder a las Cámaras (a ambas) y plantea fricciones importantes, cuando no abiertas incompatibilidades, con la Jefatura del Estado que detenta el rey.

También se ha oído en estos días la queja, precisamente, sobre el papel de la monarquía en todo el follón que la clase política ha montado al no haber sido capaces de alcanzar un acuerdo sobre cómo repartirse la tarta del poder, que es básicamente el motivo por el que volvemos a ir a elecciones. Se ha apuntado que el rey debería contar con poderes constitucionales suficientes como para forzar, o al menos presionar con más convicción, a los partidos a llegar a un acuerdo.

Más de lo mismo, la precipitación suele ser la madre de todas las meteduras de pata. En este país hay que tener cuidado con lo que se dice porque, a veces, los representantes electos cogen solo parte del mensaje y se ponen a legislar como si estuviesen jugando con la PlayStation, con la certeza de que, si pringo en esta partida, repito jugada y no me cuesta nada. Le cuesta al contribuyente.

Alterar las funciones de la monarquía en nuestro sistema parlamentario exigiría igualmente una profundísima reforma constitucional que obligaría a realizar un referéndum para habilitar esos poderes extraordinarios del rey.

En Derecho Constitucional y Político existe -o al menos existía- una teoría clásica que defiende que el monarca tiene en todo caso unos poderes “durmientes” que dejan de serlo en determinadas situaciones de emergencia. Los partidarios de esta hipótesis en España aseguran que solo sucedió una vez, cuando Juan Carlos I dio el mensaje televisado el 23-F y asumió de forma fáctica la Jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas.

Quizá tengan razón los constitucionalistas que en los ochenta defendían esta teoría aunque, en la actualidad, resulta bastante difícil que se repita una situación como la del 23-F o una emergencia de semejante entidad.

En todo caso, y de nuevo, modificar la Constitución para atribuir más poderes a la Jefatura del Estado, significaría restar peso al sistema parlamentario, traspasándolo en este caso a un cargo público al que solo se accede por derecho de sangre, por lo tanto que no es electo y que, además, es vitalicio. No parece que sea un gran avance, al menos democráticamente.

A lo que vamos, no se puede legislar de forma apresurada y chapucera, como acostumbran a hacer nuestros gobernantes, ni se debe arreglar lo que funciona solo porque no me ha dado la solución que yo deseaba.

El sistema legal español ha funcionado como un puñetero reloj suizo. Los únicos que no han estado a la altura, de nuevo, han sido nuestros representantes electos que no querían un reloj sino un espejito mágico que les respondiera a su satisfacción a la pregunta de quién es el mejor candidato a la presidencia del reino.


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