Editorial

El abogado que se defiende a sí mismo

Ángeles Muñoz (d) y María Francisca Caracuel anunciando el pasado día 2 la decisión municipal de asumir la redacción del PGOU a través de una oficina creada ad hoc.

Salvo el equipo de Gobierno local, nadie parece demasiado entusiasmado con la extraña solución adoptada de que sea el propio Ayuntamiento el que se guise y se coma el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), saltándose así el trámite de contratar su redacción a terceros a través de un nuevo concurso público.

Quizá porque esta solución que ha tomado el Ejecutivo local tras ver truncada su intención de adjudicar el tema a través de un concurso que se parecía bastante a un traje hecho a medida, obliga recordar el refrán que dice que “el abogado que se defiende a sí mismo tiene a un estúpido por cliente”.

Ni tan siquiera el Centro de Iniciativas Turísticas, la asociación de empresarios de Marbella, al que nadie puede acusar de ser beligerante con el Ayuntamiento, parecía demasiado entusiasmado en su lacónico comunicado con la idea de que sean políticos los que decidan a dedo qué técnicos redactarán el documento que determinará el urbanismo del municipio para los próximos 20 años.

La idea, desde luego, no es buena. Autoadjudicarse una tarea solo para evitar un concurso público en el que gane el más cualificado, huele a futuro desastre, a un desenlace similar al que ya sufrió esta ciudad con la metedura de pata del estudio de Fustegueras, el redactor impuesto en su momento por Manuel Chaves y que tantísimos cientos de millones de euros, oportunidades de negocio y empleos le ha costado a Marbella. Es cierto que el hecho de que también se presentara al concurso en esta ocasión provocaba cierta congoja. De hecho, fue uno de los dos estudios de arquitectura perdedores que presentó recurso a la decisión del equipo de Gobierno de otorgar el proyecto de redacción a un tercero en base a unos criterios realmente cuestionables.

Y el problema va más allá del tradicional esquema de la política española de elegir al amiguete o al preferido por la razón que sea o, si me fastidian esta opción “A”, utilizar la “B”, la de emergencia, la de los nombramientos en base al criterio de “porque lo digo yo”. Nos podemos encontrar dentro de unos años con que hemos tropezado otra vez con la misma piedra si alguien impugna la legalidad del futuro PGOU por haberse saltado el Ayuntamiento el concurso público y los tribunales terminan dándole la razón.

Es cierto que, por el momento, las estrellas se alinean para que el equipo de Gobierno siga con su arriesgada hoja de ruta en la materia y que, en esa costelación perfecta, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, se está dando mucha prisa para que una Ley del Suelo de nuevo cuño permita la aprobación acelerada de los instrumentos urbanísticos. Sin embargo y a pesar de que la agilidad administrativa es siempre de agradecer, la línea que separa la celeridad de la precipitación es extraordinariamente delgada, sobre todo en el tema que nos ocupa y al precio que tiene el metro cuadrado en este litoral. Esto hace que la apuesta municipal sea innecesariamente arriesgada.

Además, y paralelamente, la Junta de Andalucía volverá a cambiar de manos en el futuro, tal vez incluso cuando Marbella ya cuente con su Plan General, y nos podemos encontrar con que ese futuro Ejecutivo autonómico que no esté en manos del PP, vuelva a enrocarse y, como ya hizo el PSOE años atrás, someta a la ciudad a un nuevo asedio económico, institucional y administrativo que bloquee el urbanismo.

Esta posibilidad, sumada a la anterior, hace que la apuesta municipal, más que arriesgada, parezca suicida.


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