Editorial

El caudillo, marca registrada

Imagen del Valle de los Caídos, donde están enterrados los restos de Francisco Franco.

El PSOE está consiguiendo que no nos olvidemos de Franco ni 40 años después de muerto, de hecho, Pedro Sánchez, con su empecinamiento, se ha convertido probablemente en uno de los más brillantes jefes de marketing y comunicación de un dictador en la historia. Y todo ello a base de campañas de promoción de la figura del general pagadas con dinero público.

Si el Gobierno central tuviera la misma fijación y constancia a la hora de crear empleo que para sacar al Franco del Valle de los Caídos, tendríamos que estar pidiendo a Marruecos que dejara salir más pateras para poder cubrir puestos de trabajo.

Desde el inicio de la democracia, la izquierda sufre hacia Francisco Franco una especie de Síndrome de Estocolmo que, básicamente, consiste en admirar a quien te ha jodido la vida. Lo realmente curioso del asunto es que la derecha, la España conservadora, pasa olímpicamente del asunto. Nadie se había vuelto a acordar del general hasta que Pedro Sánchez y Carmen Calvo se empeñaron en recordarnos que existió. Torpeza inenarrable que animó a muchos a peregrinar al Valle para poder decir que habían estado antes de que saquen los huesos del lugar. Como publicitas y promotores de la persona del dictador, hay que reconocer que el Gobierno Sánchez ha dado el do de pecho. Solo le ha faltado inscribir al caudillo en el Registro de Patentes y Marcas.

Y dado que resulta difícil creer que los socialistas sean franquistas, es necesario concluir que el cúmulo de estupideces realizadas por el Gobierno en este asunto es únicamente fruto de una genuina ineptitud. Máxime cuando todos los juristas que han aparecido en los medios de comunicación habían anticipado que el Tribunal Supremo iba a paralizar el desaguisado de la exhumación.

Es cierto que, tras lo de la memoria histórica, subyace un amplio componente de memoria financiera y que quienes están viviendo a costa de las subvenciones que las administraciones públicas entregan tan alegremente, necesitan que el pasado histórico se convierta en un problema para seguir motivando el dispendio de dinero público. Una herida cerrada no justifica gastos para su cuidado.

En esta dinámica ridícula es posible que en un futuro próximo nos veamos malgastando dinero en buscar restos de legionarios romanos o de morabitos muertos en Al Ándalus siglos atrás y que hasta tengamos que indemnizar a quienes digan ser sus familiares.

Por otro lado, la acomplejada obsesión de la izquierda española por reescribir la historia conforme a una ideología para que muestre una visión parcial o incluso falsa de nuestro pasado, es un esfuerzo de necios porque, aunque no es cierto que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, solo podremos sacar conclusiones correctas sobre lo que ha sucedido analizando datos históricos veraces. Premisas falsas nos conducirán inevitablemente a un sofisma.

No obstante, el argumento más importante sobre el asunto de la exhumación no está seguramente el de proteger el rigor científico, sino en una simple realidad: los españoles tenemos problemas mucho más serios que solucionar ahora que, además, afectan a gente viva.


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